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Luego de más de cinco horas de diligencia judicial, la Fiscalía imputó cargos contra los alcaldes de los municipios de La Pintada, César Augusto Zapata Pérez; de Jardín, William Enrique Rendón Agudelo; de San Carlos, Luz Marina Marín Daza, y el gerente del Hospital de Copacabana, Héctor Darío Cano Arango.
De acuerdo con el relato de la fiscal 28 seccional, adscrita a la Unidad de Delitos Contra la Administración Pública, la alcaldesa de San Carlos se habría favorecido en los resultados de auditorías a cambio de favores personales para el contralor general, Sergio Zuluaga Peña, y el subcontralor, Rubén Darío Naranjo.
La delegada del ente acusador detalló que la mandataria, además, le habría brindado favores a ambos jefes del organismo de control fiscal por intermedio de su esposo, Juan Alberto García Duque. Los tres, indicó la fiscal, formaron una sociedad que es propietaria de la mina Calizas Portugal SAS.
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Sobre el alcalde de La Pintada, señaló la fiscal que este habría favorecido con nueve contratos, de un valor de 180 millones de pesos, a dos empresas que pertenecen a la familia del subcontralor Naranjo, las cuales son Transportes Farallones e Inversiones Naranjo SAS.
La delegada de la Fiscalía indicó en la imputación de cargos contra el mandatario que algunos de estos contratos no aparecían en el Secop, e incluso, eran fraccionados para evitar el rastreo.
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Respecto al gerente del Hospital de Copacabana, la Fiscalía lo señaló por presuntamente entregar contratos de prestación de servicios en favor de Sara Isaza Lema, sobrina del subcontralor Naranjo. Esto, aparentemente, para verse beneficiado en las auditorías.
Asimismo, sobre el alcalde de Jardín, manifestó la fiscal que aparentemente habría negociado un contrato por cuatro millones de pesos, con el cual funcionarios de su administración tendrían un día de sol en la Hostería Las Vegas, del grupo Inversiones Naranjo SAS, también para favorecerse en los resultados de las auditorías.
Las audiencias continuarán el próximo lunes en horas de la tarde, donde se espera que la Fiscalía impute cargos contra seis procesados más.
