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Tras esta decisión, será ahora la Corte Constitucional la que tendrá en sus manos el futuro de esta norma que permitiría a las personas más desfavorecidas, tener acceso a los servicios básicos sin costos adicionales una vez se pongan al día con sus facturas.
El senador Mario Fernández Alcocer, ponente de la iniciativa, aseguró que “el proyecto fue objetado por inconveniente e inconstitucional, pero la plenaria demostró que el proyecto es totalmente viable, que no afecta la operación de los servicios públicos y lo dejamos ya en razón de la Corte Constitucional para que ella defina el futuro del mismo”.
Los beneficios de esta ley no cobijarán a los locales comerciales y tampoco a aquellos que hayan cometido algún tipo de fraude.
“Las personas que en su normal uso del servicio dejen vencer la factura, no la paguen a tiempo y luego tengan como pagarla, no serán objeto de un cobro por reconexión”, indicó.
La Casa de Nariño había argumentado que esta iniciativa iba en detrimento de todo el sistema financiero de las empresas de servicios públicos.
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