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La presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares envió una misiva al canciller Carlos Holmes Trujillo explicando a fondo el propósito de la audiencia temática en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que él haya pedido al organismo internacional cancelarla en carta enviada el 26 de abril.
Linares inicia diciendo que el Gobierno ya estaba enterado de la diligencia internacional, pues asegura que el 26 de abril ella misma se reunió con el director de la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado, Camilo Gómez, para comentarle los objetivos de la audiencia temática.
Señala que la diligencia se solicitó en el marco del monitoreo que efectúa la CIDH al proceso de paz y con el objetivo de entregarle información sobre los avances, retos y desafíos que ha presentado la JEP en materia de protección a las víctimas del conflicto armado.
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“Con el ánimo de garantizar no impunidad frente a delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, tal como lo establece nuestro mandato, consignado en el Acto Legislativo 01 de 2017”, se lee en la misiva.
Linares recuerda que la posibilidad de que la JEP solicite ese tipo de audiencias se encuentra en varios artículos del Reglamento de la CIDH, “que prevén la posibilidad de solicitar este tipo de audiencias para brindar información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos”.
Dicha audiencia también se solicitó con motivo de la realización del periodo 172 de sesiones ordinarias de la CIDH, y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 18 del Estatuto de la Comisión.
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Sin embargo, el Canciller pidió la cancelación de la audiencia al organismo internacional, bajo el argumento de que la JEP es una institución del Estado colombiano “con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República”.
Este es el comunicado de la Cancilleria:
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) convocó al Estado colombiano a siete reuniones de trabajo y tres audiencias públicas para examinar diferentes situaciones sobre derechos humanos en el país, en el marco del 172° período ordinario de sesiones, que se celebra en Kingston (Jamaica) desde el pasado 3 de mayo.
Siguiendo la tradición de honrar sus compromisos internacionales, Colombia participará con una delegación de alto nivel en este período de sesiones de la CIDH.
En relación con la audiencia pública titulada “Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia”, cuya convocatoria fue solicitada por la Presidencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Relaciones Exteriores ha comunicado a la CIDH lo siguiente:
- La JEP es una institución del Estado colombiano con funciones jurisdiccionales transitorias que no se encuentra facultada para acudir a instancias internacionales, salvo por los conductos establecidos en la Constitución Política o en las Leyes de la República.
- De conformidad con el artículo 189 de la Constitución y demás normas concordantes, le corresponde, únicamente, al Presidente de la República el direccionamiento de las relaciones internacionales. Esto incluye la representación e interlocución del Estado ante los organismos internacionales.
- En su calidad de institución que se encuentra integrada a la arquitectura del Estado colombiano por disposición constitucional, la JEP no puede ser considerada como “parte” en procedimiento alguno que se surta ante la CIDH u otro organismo internacional. Ello, en razón a que el Estado es un sujeto único de derechos y obligaciones ante los organismos internacionales, de conformidad con el derecho internacional.
De conformidad con lo anterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la CIDH la cancelación de la audiencia pública “Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia” prevista para el día 9 de mayo.
En su comunicación a la CIDH, el canciller Carlos Holmes Trujillo reitera el compromiso irrestricto del Estado colombiano con respecto al funcionamiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, tal y como ha sido expresado y en diversos espacios y foros internacionales, incluyendo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El Estado colombiano, en cabeza del Presidente de la República, continuará honrado sus compromisos y mantendrá su apoyo a la Jurisdicción Especial para la Paz y a las restantes instancias e instrumentos creados mediante la implementación normativa del Acuerdo Final suscrito con las FARC-EP el 24 de noviembre de 2016.
