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La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado defendió las medidas adoptadas por Colombia para proteger el páramo de Santurbán, luego de que fuera instaurada una billonaria demanda por la multinacional Eco Oro Minerals Corp.
La defensa de Colombia se dio en audiencia de arbitraje celebrada entre el 20 y el 24 de enero pasado, en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington D.C.
La empresa Eco Oro Minerals Corp demandó al Estado colombiano por la prohibición de la actividad minera en el páramo de Santurbán, ecosistema protegido desde la Constitución Política de 1991, y desde las leyes y decisiones judiciales emitidas con posterioridad.
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De acuerdo con esa compañía, la imposibilidad de desarrollar minería en el páramo supuestamente viola el nivel mínimo de trato previsto en el TLC suscrito entre Canadá y Colombia, y constituye una expropiación indirecta a las expectativas de su inversión.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez, reveló que la pretensión de la demanda de la empresa Eco Oro contra Colombia asciende a los 2.4 billones de pesos.
En la defensa, la Agencia en coordinación con la firma Latham & Watkins presentó, entre otros argumentos, que las medidas cuestionadas en el arbitraje se han venido adoptando por el Estado colombiano desde hace más de 20 años.
Asimismo, se argumentó que son medidas legales destinadas a la protección del medio ambiente, de forma coherente con su ordenamiento jurídico, respetando siempre el debido proceso y la legalidad.
El director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado también planteó que el TLC con Canadá reconoce que las medidas adoptadas con la finalidad de proteger el medioambiente no pueden ser cuestionadas como medidas expropiatorias.
“Las medidas discutidas en el arbitraje no eran discriminatorias y fueron adoptadas de forma racional y proporcional en ejercicio legítimo de los poderes regulatorios del Estado”, señaló Camilo Gómez.
Respecto a los reclamos relacionados con el trato justo y equitativo, Colombia argumentó que el inversionista no podía tener expectativas legítimas pues desde antes que realizara la inversión existían restricciones a la minería en zona de páramo.
Igualmente, Colombia defendió la metodología utilizada para la delimitación del páramo, la cual obedeció a criterios técnicos y científicos.
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“Para la Agencia es claro que el respeto y conservación del medioambiente es la prioridad en las estrategias de defensa ante demandas que desconocen estos intereses ambientales”, indicó Gómez
El laudo que emita el Tribunal en el arbitraje iniciado por Eco Oro, será el primero en decidir sobre medidas destinadas a la protección del medioambiente.
Es de anotar que a la fecha existen dos arbitrajes internacionales de inversión más, iniciados por las mineras Red Eagle y Galway, en los que también se cuestionan las medidas destinadas a prohibir la minería en el páramo de Santurbán, para proteger este ecosistema.
