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Tras varias horas de audiencia, el juez Quinto Penal Municipal con Función de Control de Garantías, se abstuvo de dictar medida de aseguramiento, en lugar de residencia, al alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Morales.
El mandatario es investigado por haber violado presuntamente principios de contratación y selección, en el contrato 002 de 2020 por $350.000.000, el cual fue celebrado con la comercializadora y distribuidora Agroindustriales S.A.S para conseguir elementos de bioseguridad como guantes y tapabocas para la atención de la pandemia.
En la diligencia, el funcionario judicial consideró que no se presentaron argumentos para privar preventivamente de su libertad a estas personas.
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El juez explicó que los abogados del Alcalde y de la exdirectora de Bienes y Suministros, lograron debilitar o restar credibilidad al material probatorio presentado por la Fiscalía en audiencias anteriores.
La defensa del Alcalde, a cargo de Jorge Mario Bolívar, realizó una presentación amplia para exponer varias pruebas donde evidenció, entre otros aspectos, que Jhon Freddy Correa Carvajal, mencionado en toda la investigación y presunto financiador de campaña del Alcalde, no era socio de la empresa Agroindustriales, antes de la celebración del contrato 002 de 2020.
El abogado expuso también que no se perfeccionaron documentos para recurrir a una defensa, tal como lo indicó la Fiscalía.
Agregó con detalle que el Alcalde de Armenia no es peligro para la comunidad y solicitó que no se imponga la medida de restricción en domicilio ya que no es proporcional, no hay peligro futuro para la administración y lo que ha hecho Ríos Morales es dar cumplimiento a sus deberes en la administración.
En la audiencia también se presentaron argumentos de defensa de Gabriela Valencia, exdirectora de Bienes y Suministros, también investigada por la celebración de este contrato.
Sandra Milena Urrea, la abogada de la exdirectora, argumentó que la funcionaria no es peligrosa para la sociedad y que no hay estrategias defensivas.
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Agregó que el testigo estrella presentado por la Fiscalía, José Javier Acero, subdirector de Bienes y Suministros, faltó a la verdad en el testimonio presentado a la Fiscalía por lo que se genera falta de credibilidad y veracidad a lo sustentado.
El juez explicó que lo argumentado por los abogados defensores le restó credibilidad a varias pruebas presentadas por la Fiscalía.
Los delitos por lo cual es investigado el mandatario son: Interés indebido en la celebración de contratos en concurso heterogéneo con contratos sin cumplimiento de requisitos legales, violación del régimen legal o constitucional de inhabilidades e incompatibilidades y peculado por apropiación en grado de tentativa, por haber determinado a Gabriela Valencia para que se interesara en el contrato y violara el régimen legal de contratación pactando artículos con sobreprecio con el fin de beneficiar a uno de sus financiadores de campaña.
Una vez tomada la decisión, la Fiscalía presentó recurso de apelación.
