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La Procuraduría General de la Nación llamó la atención al Gobierno Nacional por la falta de acciones que se han tomado para garantizar la seguridad de las personas del departamento de Nariño quienes han sido víctimas de violencia de parte de bandas criminales.
El organismo menciona que son al menos cuatro mil pobladores de los municipios como Samaniego, Los Andes, La Llanada y Santa Cruz que se han visto afectados por la situación de orden público en esa zona del país.
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Según mencionan en el oficio, estos enfrentamientos sonoriginados por la guerra entre bandas criminales que han agudizado el conflicto obligando a decenas de habitantes a permanecer confinados y otros tantos a salir de sus terruños.
"Ante la situación, desde la Procuraduría Regional de Nariño se advirtió, presunta omisión de funciones de algunas entidades que, pese a los compromisos asumidos en materia de educación, salud y ayudas humanitarias, no han cumplido con ellos", menciona la entidad.
La delegada advierte que tampoco se se han trazado planes para garantizar la atención de, por lo menos, 1.500 indígenas del resguardo indígena El Sande, del municipio de Santa Cruz.
En el documento aseguran que los integrantes de esa comunidad permanecen confinados como también otros 600 habitantes de La Llanada, al igual que la atención de la población desplazada que aún permanece en el municipio de Samaniego.
También cuestionan la Procuraduría que en muchas zonas del departamento de Nariño no se han activado, al parecer, protocolos de verificación de cese al fuego, en el marco de las negociaciones, que adelanta el Gobierno con los grupos armados.
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Además están pidiendo que se adopten mecanismos urgentes para entrega de medicamentos, garantías de educación y programas de desminado.
La Procuraduría instó, no solo al Gobierno central, sino también a las autoridades regionales a coordinar las misiones humanitarias que permitan ingresar a los territorios confinados
