La FM en Google News
El Superintendente de Transporte, Camilo Pabón, formuló cargos y abrió investigación en contra de ocho empresas de transporte habilitadas en las modalidades de pasajeros por carretera y especial por presuntamente no implementar los protocolos de bioseguridad ordenados por el Gobierno Nacional, y por no suministrar la información que legalmente les fue solicitada por la Superintendencia de Transporte.
De acuerdo con Pabón, durante los periodos de aislamiento preventivo obligatorio declarado como consecuencia del coronavirus COVID-19, la Superintendencia ha recibido reiteradas quejas de usuarios y de conductores por incumplir los protocolos de bioseguridad, lo que pone en riesgo la salud de los usuarios y trabajadores del transporte público de pasajeros por carretera.
Lea también: Gobierno autorizó nuevas rutas piloto desde aeropuerto de Rionegro, Antioquia
"En las denuncias y evidencias recaudadas por la SuperTransporte se da cuenta de que presuntamente se estaría incumpliendo el distanciamiento mínimo al interior de los vehículos, no se habrían removido elementos contaminantes como tapetes y no todos los ocupantes del vehículo estarían usando tapabocas".
El superintendente también indicó que las denuncias serán investigadas " y en caso de ser demostrados en la investigación, se aplicarán multas hasta por 700 salarios mínimos legales vigentes, por cada uno de los cargos”.
Entre las empresas a las cuales se les formularon cargos están Transportes la Esperanza S.A., Transportadora el Triunfo S.A., Cooperativa de Transportadores de Santa Rosa, Cooperativa de Transportadores de Tolú, Nuevos Andes World Tours Transporte Especial S.A.S, Del Norte Transportes y Turismo S.A.S, Cooperativa De Transportes Especiales Del Oriente S.A., Transporte Liberturs S.A.S.
Le puede interesar: Prueba de COVID-19 para viajeros a San Andrés es inviable: Viva Air
De acuerdo con la Supertransporte, "contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos, no procede recurso alguno. En el curso de la investigación administrativa, que se hará con estricto apego a la ley, se decidirá la responsabilidad de los investigados de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa".
