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Esta semana la Superintendencia Nacional de Salud confirmó la intervención a la EPS Sanitas, la segunda entidad de salud más grande del país con 5,7 millones de usuarios.
El presidente Gustavo Petro argumentó la decisión diciendo que "el Gobierno tiene la obligación de salvar el sistema de salud, y la vida de los colombianos".
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"Como desde hace años se venía denunciando desde diferentes instancias de control administrativo, judicial y político, extrajo recursos públicos por decenas de billones de pesos que no se invirtieron de acuerdo a la ley y se perdieron, y debemos de actuar de acuerdo a la ley y la constitución y con decisión", aseguró Petro.
En medio de este panorama, La FM de RCN habló con el exsuperintendente de Salud, Fabio Aristizábal, quien ha compartido sus preocupaciones sobre la intervención del Gobierno de Gustavo Petro a Sanitas.
Aristizábal enfatizó que la medida se llevó a cabo de manera "desproporcionada" y "discriminatoria", careciendo de un debido proceso adecuado.
"Normalmente, la EPS pueden entrar en una medida vigilancia especial después de que se le hace o tienen un plan de mejoramiento y va escalando poco a poco la medida (...) Acá lo hicieron de una, acá se apresuraron. Hacen una medida desproporcionada en mi concepto algo discriminatoria y de una vez intervienen una de las EPS más importantes del país", explicó el ex superintendente.
Aristizábal también cuestionó la independencia de los interventores designados, señalando que deben ser "totalmente independientes y autónomos" y no coadministradores junto al Gobierno. Según él, la intervención plantea inquietudes sobre la legalidad y la técnica utilizada.
En relación con la situación financiera de Sanitas, Aristizábal reconoció que la empresa había mostrado un comportamiento adecuado, pero enfrentaba desafíos comunes a todas las EPS, como problemas en el reconocimiento oportuno de pagos y limitaciones presupuestarias en tratamientos.
"Estamos en una pospandemia y Sanitas, con un excelente comportamiento, empezaron a levantar la mano y decirle al gobierno, 'mire señores, necesitamos que nos paguen oportunamente, necesitamos que nos reconozcan los presupuestos máximos, los techos que en muchos tratamientos, Estamos reventados'", señaló Aristizábal.
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Aunque mencionó la posibilidad de apelar la decisión, consideró improbable que la medida sea revertida en el corto plazo, dados los indicadores utilizados para la intervención.
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