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Por lo menos doce gobernadores indígenas están en alto riesgo en el San Jorge cordobés, pues vienen reclamando autonomía en sus territorios y reciben presiones de grupos ilegales al servicio del narcotráfico que tienen nexos con los carteles mexicanos.
La advertencia fue hecha por el defensor de los Derechos Humanos, Andrés Chica, quien pidió a la fuerza pública protección para las comunidades indígenas de esta sección del país.
“Lo que hemos denunciado es que los grupos armando ilegales, al servicio del narcotráfico, están utilizando los radios que usa la Guardia Indígena para comunicarse y también utilizan los territorio para esconderse”, explicó Chica.
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Dijo que muchos indígenas de la comununidad embera katío, en el Alto Sinú, han sido víctimas del desplazamiento forzado, por cuenta de la presencia de bandas criminales en la zona.
“Las amenazas se derivan de que los indígenas se oponen a las rentas ilícitas en sus territorios y no permiten que los cultivos de coca se siembren en sus regiones”, explicó el Defensor de Derechos Humanos.
La situación se presenta en los cabildos indígenas ubicados en municipios como Montelíbano, Puerto Libertador y La Apartada, la mayoría de ellos en el sur del departamento de Córdoba.
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Al respecto, la gobernadora de Córdoba, Sandra Devia Ruiz, reconoció que mediante las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, las comunidades y líderes sociales han venido denunciando, desde hace dos años, la presencia de carteles mexicanos.
“Es una presencia que no habla de control territorial pero sí del negocio del narcotráfico y los cultivos ilícitos, por eso nuestro llamado ha sido siempre a la fuerza pública para que ahonde en estas denuncias y precise el alcance de las mismas, y sobre todo proteja a la población civil”, explicó la mandataria seccional.
A juicio de las autoridades, en el sur de Córdoba mantienen su radio de acción bandas criminales como Los Caparrapos, el Clan del Golfo y las disidencias de las Farc.
