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El comisionado para la paz, Otty Patiño, se refirió al paro armado que decretó el Frente de Guerra Occidental Ejército de Liberación Nacional (ELN), afectado a más de 27.000 personas que deben permanecer confinadas en sus residencias, así como las actividades comerciales de la región.
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Patiño calificó estos hechos como “una deslealtad con los acuerdos celebrados en el sexto ciclo de conversaciones en La Habana, en tanto amenaza la vida, los derechos, las libertades de los pobladores del departamento, el ejercicio de los gobiernos democráticamente elegidos y el mandato de las autoridades comunitarias”.
El comisionado de paz igualmente se refirió los hostigamientos del Estado Mayor Central en varias regiones del país, uno de ellos, el violento ataque a un vehículo de transporte escolar en el municipio de Piamonte que dejó varios heridos, entre ellos un menor de edad, hecho que “constituye un hecho claramente repudiable que viola los más elementales principios que rigen el DIH”.
“En Jamundí un Frente del EMC mediante medidas como empadronamientos, extorsiones continuas y otros controles coercitivos, pretenden ejercer un dominio total sobre la población y laceran la confianza en el proceso mismo de construcción de paz”, dijo Patiño.
El funcionario del Gobierno también repudió la incursión armada del EMC en el departamento de Nariño, que ha causado desplazamientos masivos “y es una grave amenaza contra los derechos y libertades de la población y se convierte en un peligroso obstáculo al Pacto Territorial por la Vida y la Paz que el Gobernador Luis Alfonso Escobar, con pleno apoyo del presidente de la República, está desarrollando en este departamento”.
Pidió al ELN y al EMC “territorializar La paz” para construir el Estado Social de Derecho en cada uno de los lugares del país donde las economías ilegales, el abandono del Estado y las violencias han estado presentes en la vida cotidiana.
“Las negociaciones y acuerdos con grupos armados, deben ser protegidos por la Fuerza Pública, y su plena implementación por las partes, debe evitar que estos territorios sean copados por otros grupos que persisten en la violencia y la ilegalidad, reciclando así el imperio del estado de cosas inconstitucional”, manifestó.
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Finalmente, hizo una fuerte advertencia a los grupos cobijados en ‘la paz total’, especialmente con quienes se han suscrito acuerdos de cese al fuego, que a su juicio representa la protección de los derechos y libertades de las personas y el avance hacia la construcción de una paz sostenible y duradera en los territorios.
“Reiteramos que el cese al fuego no es un permiso para la comisión de delitos y menos aún contra la población. La Fuerza Pública tiene el deber de actuar de manera eficaz y pronta para prevenir y neutralizar este tipo de hechos”, sentenció.
