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En la carta, que fue firmada por el Alto Consejero para el Posconflicto, Rafael Pardo y el director para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, Eduardo Díaz, el Gobierno aseguró que lo dicho por el grupo no es cierto y que la política de sustitución se ha adelantado en acuerdo con las Farc.
“La implementación del Programa Nacional Integral para la Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), no se ha hecho a espaldas de las FARC-EP, como afirmaron en un comunicado de prensa expedido por el componente de esa organización en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI), el pasado 10 de octubre” aseguró el comunicado emitido por el Gobierno.
El Gobierno además indicó que se ha garantizado la participación de las Farc en la construcción de dicha política.
“La Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto, ha garantizado la participación de delegados de las FARC-EP en las múltiples reuniones de socialización, foros y mesas de trabajo que se han realizado en diferentes territorios”.
Finalmente, el Gobierno aseguró que aunque se han adelantado diversos encuentros con las Farc para articular el texto para la presentación de la Ley de Tratamiento Penal Diferencial, aún no se llega a un acuerdo, lo que ha retrasado su presentación en el Congreso.
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