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En comunicación con LA F.m., la gobernadora de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, aseguró que la petición de la Alcaldía de Buenaventura a los inversionistas del Puerto Aguadulce para que cumplan con el pago de impuestos necesarios para su construcción, es procedente.
Aún cuando su posición es clara, ha dicho que escuchará los argumentos jurídicos de ambas partes para evaluar si cabe la orden de levantamiento de los sellos para continuar con las obras.
“Vamos a escuchar los argumentos y buscaremos conciliarlos, porque este puerto es muy importante para el desarrollo de Buenaventura y sus actividades económicas. Lo que hay que hacer es buscar una salida jurídica para que no se frene el desarrollo y –por supuesto- lograr que se paguen los impuestos. Por más inversión extranjera que sea, debe cumplir con unos compromisos”, dijo Toro.
Para la gobernadora, urge la necesidad de integrar a la población del puerto a las obras que se desarrollen en Buenaventura. En su posición la brecha social que existe en la región, ha generado condiciones negativas para quienes habitan en este distrito, por el que circula el 53 % de la carga que ingresa al país.
Entretanto, la mandataria departamental lamentó el desistimiento de la construcción de la construcción de la segunda línea Buenaventura, que ejecutaba la empresa EPSA, cuyos voceros han solicitado que se haga una licitación pública para reasignar este contrato por los supuestos inconvenientes económicos por sobre costos de la obra.
El proyecto que en inicio estaba avaluado en $36 mil millones de pesos, hoy alcanza costos de hasta $70 mil millones, en razón a las negociaciones que ha debido conciliar con las comunidades indígenas y las invasiones en los terrenos en los que se adelantaba dicha construcción que permitiría a Buenaventura librarse de los apagones por la caída de una de sus torres o cualquier daño que pudiera registrar el circuito.
Estas fueron sus declaraciones en LA F.m.
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