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Tras una solicitud de la Procuraduría, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla le ordenó al Ministerio de Justicia a través de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, USPEC, garantizar la alimentación de las personas que permanecen en los Centros de Detención Transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata, URI, y del Edificio Telecom.
De esta forma deberán suministrar las raciones alimenticias hasta que sea superado el estado de emergencia sanitaria, en coordinación con la Alcaldía de Barranquilla.
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Asimismo, el fallo impuso a la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla y la dirección regional norte del INPEC iniciar acciones urgentes dirigidas a mitigar cualquier riesgo de contagio en esos espacios de detención, y de esta forma acoger la protección solicitada por el Ministerio Público para evitar contagios por la pandemia del coronavirus.
Por otro lado, con el fin de evitar la propagación de casos positivos de la Covid-19 en los espacios de reclusión, la Sala Penal facultó a la Procuraduría Regional del Atlántico para que solicite dentro de las actuaciones penales el cumplimiento de las órdenes de detención domiciliarias o transitoria establecidas en el decreto 546 de 2020.
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En este sentido, la Alcaldía y la Gobernación del Atlántico deberán gestionar la reubicación gradual de las personas que ocupan estos centros de detención, donde las secretarías de salud deberán practicar pruebas permanentes de la Covid-19 y brigadas para el manejo y control del contagio del virus.
Por último, los espacios de reclusión tendrán que ser sometidos a jornadas de limpieza intensiva encaminadas a mitigar la propagación de infecciones y, además, garantizar un ambiente higiénico para las personas privadas de la libertad.
