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LA F.m. conoció que cerca de 800 funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que hacen parte del sindicato de la entidad, entrarán a un cese de actividades a nivel nacional a partir del 5 de septiembre.
El paro se deriva de una serie de inconformismos sobre el manejo del instituto de cara a lo que se viene en el marco del posconflicto y el papel que deberá ejercer la entidad para la identificación de personas que han muerto en el marco del conflicto armado.
Uno de los puntos claves sería la falta de personal, ya que actualmente existen solo una planta de 2097 funcionarios, solicitando un aumento de más de mil empleados para las tareas forenses que se avecinan.
Además, se ha conocido una serie de denuncias sobre presuntas irregularidades administrativas al interior del instituto, las cuales al parecer no se han atendido oportunamente.
Fuentes consultadas por parte de LA F.m. en el sindicato han señalado que, de no encontrar un eco en sus peticiones, se podrían frenar procedimientos forenses como necropsias, laboratorios de psicología, psiquiatría, entre otros.
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