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Por presuntas irregularidades, violación de la libre competencia y pago de sobornos en la adjudicación de la Ruta del Sol tramo dos en el año 2010, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió pliego de cargos contra directivos del Grupo Aval, Odebercht, Corficolombiana y Episol.
Según el superintendente Pablo Felipe Robledo, durante la investigación (que duró más de 20 meses) se encontraron “correos electrónicos en los que José Elías Melo Acosta (presidente de Corficolombiana) informó a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez (presidente de Grupo Aval) que María Victoria Guarín Vanegas, oficial de inversiones de la Corporación Financiera Internacional (Ifc) estaba a cargo de la Ruta del Sol, que era la esposa de Diego Fernando Solano Saravia (vicepresidente de grupo aval) y que se pondrían en contacto con ella para ‘exponer nuestras expectativas en relación con los términos de la operación’”.
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“Frente a esta información Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez, mediante respuesta al correo electrónico, expresó su interés de mantenerse informado del asunto”, precisó la investigación de la SIC.
Así mismo, la entidad evidenció otros correos electrónicos que dan cuenta de “cómo José Elías Melo Acosta propició encuentros con las personas incursas en el conflicto de intereses. Esto es con Diego Fernando Solano Saravia y su esposa María Victoria Guarín Vanegas, para dar trámite a las expectativas que querían reivindicar respecto de la estructuración del proyecto Ruta del Sol”.
La entidad pudo establecer que “entre 2001 y 2016 Odebrecht, junto con sus cómplices, acordó de manera corrupta pagar sobornos por 788 millones de dólares a funcionarios públicos, políticos, partidos y candidatos de elección popular con el fin de asegurar ventajas e influenciar oficiales para la obtención de más de 100 proyectos en diferentes países del mundo, entre ellos, Colombia, utilizando claves y nombres secretos”.
Igualmente la Superindustria evidenció que “Odebrecht realizó pagos ilegales a oficiales del Gobierno colombiano por más de 11 millones de dólares para asegurar la obtención de contratos de obras públicas, haciendo parte de ello, el soborno de 6.5 millones de dólares a Gabriel Ignacio García Morales (viceministro de Transporte y gerente general encargado del INCO) para garantizar la adjudicación del contrato de concesión Ruta del Sol Tramo II”.
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La investigación de la SIC detalló que para poder realizar pagos por parte del consorcio se requería la autorización de, al menos, un funcionario de Odebrecht y del representante de Corficolombiana en Consol, es decir, de Mauricio Millán Drews.
Según la entidad, Drews en su declaración dijo que “al momento de realizar los pagos a DCS y en atención a que le habrían parecido sospechosos, los había autorizado bajo la orden impartida directamente por su jefe José Elías Melo, presidente de Corficolombiana”.
De encontrarse culpables las empresas deberán pagar una multa superior a los 75 mil millones de pesos y las personas naturales de 1.500 millones de pesos.
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