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La Fiscalía, con el objetivo de evitar la excarcelación de confesos delincuentes con la aplicación el próximo primero de julio de una ley del Gobierno que devolverá a la calle a 10.000 delincuentes, solicitó la prórroga de la medida de aseguramiento en más de 4.000 casos.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, indicio que están realizando todos los esfuerzos posibles ante los jueces de la República, para evitar que de la cárcel salgan delincuentes a los que aún no se les resuelve su situación jurídica.
Martínez reconoció que la tarea ha sido difícil, ya que la Judicatura presenta una sobrecarga de procesos, por lo que aún las prórrogas no han tenido su efecto.
"Dejar en libertad a confesos delincuentes es un riesgo para la sociedad y las situaciones en cada país son diferentes las soluciones no pueden ser las mismas", señaló.
