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Un grupo especializado de la Fiscalía General avanza en la practica de estudios y análisis técnicos en terreno, dentro de la investigación que se adelanta por la emergencia ambiental desatada a raíz del afloramiento de crudo en inmediaciones del pozo Lizama 158, corregimiento La Fortuna, cerca de Barrancabermeja, Santander.
Para acelerar las investigaciones fue dispuesta la conformación de un equipo especial integrado por un perito químico, un microbiólogo, un topógrafo y siete investigadores de policía judicial con el fin de determinar posibles responsabilidades penales por el daño ambiental causado.
En los primeros informes de los investigadores y luego de las inspecciones adelantadas a la zona del pozo Lizama se señala que “La Fiscalía evidencia que hoy no hay afloramiento de crudo o gases”.
Asimismo, la Fiscalía de la Dirección de Derechos humanos adscrita al eje temático de Medio Ambiente que coordina el proceso ordenó la recolección de otra serie de elementos, documentos y otras pruebas en Ecopetrol, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y en la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
En este caso se indagan posibles responsabilidades penales individuales por el daño causada a la flora, fauna y los propios habitantes de las poblaciones aledañas a la zona de la emergencia, que en muchos casos debieron ser reubicados y recibir asistencia médica.
El objetivo es identificar el daño causado al medio ambiente como consecuencia de los centenares de barriles de crudo que cayeron a los cuerpos de agua que terminaron por afectar a la quebrada Lisama y el propio río Sogamoso.
En desarrollo de la investigación también se prevé la toma de entrevistas y declaraciones juramentada a los funcionarios responsables del manejo adecuado del pozo 158 y de los pobladores afectados.
La investigación en este caso gira en torno a la presunta comisión por parte de la empresa Ecopetrol del delito de contaminación ambiental.
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