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El procurador Fernando Carrillo advirtió una vez más que sería una afrenta a la institucionalidad del país no permitir que el Ministerio Público intervenga en los procesos que se adelanten en la jurisdicción de paz y desmintió a quienes señalan que eso no quedó pactado en La Habana, como en su momento lo aseguró el presidente Juan Manuel Santos.
“Estamos convencidos que la exclusión de la Procuraduría ni siquiera está en los acuerdos, que alguien me pruebe que eso está convenido en los acuerdos. El Congreso refrendó los textos y allí no está contemplada la exclusión del Ministerio Público y esperamos que se incluya una norma que no impida la participación de la Procuraduría”, manifestó.
Paula Robledo, delegada de asuntos constitucionales de esa entidad, también llamó la atención del Congreso por la exclusión de la Defensoría de esta nueva jurisdicción.
También cuestionó que en el texto de la iniciativa no se haya establecido un plazo perentorio para el funcionamiento del Tribunal de Paz.
“Hay que blindar los procedimientos de seguridad jurídica, hay que proteger los derechos de las partes y de las víctimas, respeto de las expectativas legitmi8as que tienen sobre las decisiones que profiera dicha jurisdicción. El derecho de reparación de las víctimas no puede quedar sujeto a una jurisdicción transitoria cuya duración máxima no esté definida previamente”, sostuvo.
El Senado de la República inició el trámite de la reforma a la Justicia Especial para la Paz a través de una audiencia pública en la que escuchó los argumentos los altos funcionarios del Estado y ciudadanos particulares.
