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Los familiares del líder político Álvaro Gómez Hurtado pidieron que los militares y demás miembros de la Fuerza Pública, presuntamente implicados en este crimen, no sean cobijados con los beneficios de la Jurisdicción Especial para la Paz argumentando que este caso no se relaciona con el conflicto armado.
Esta declaración fue entregada a propósito de la reciente decisión de la Fiscalía de reabrir la investigación contra el general en retiro, Rito Alejo del Rio, por su supuesta responsabilidad en este magnicidio.
“Yo preferiría que fuera la justicia ordinaria la que conociera el caso para que la justicia especial para la paz no se siga convirtiendo en una especie de saco roto en el que metemos todo nuestro pasado e intentamos con eso limpiar responsabilidades y culpas”, dijo Gómez Martínez.
"El caso de Álvaro Gómez es evidente que fue un asesinato de tipo político y ese es el desafío que necesitamos enfrente la justicia que no ha querido hacer durante más de 20 años por presiones políticas y la misma indolencia por parte del aparato de investigación”, agregó.
Asimismo, insistió en la petición de la familia de Álvaro Gómez para que este homicidio sea declarado como un crimen de lesa humanidad para evitar que haya lugar a la prescripción.
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