Excluyen palabra de la Justica Especial para la Paz que beneficiaba a los civiles implicados en el conflicto

En el texto aprobado en la Cámara quedó establecido que para que un tercero pudiera ser investigado por la JEP, debía existir una prueba adicional o "extrínseca" en la Fiscalía en su contra.

Sin embargo, para el debate en el Senado se excluyó la palabra "extrínseca", permitiendo así que cualquier indicio que tengan los magistrados de la jurisdicción pueda ser utilizado como argumento para llamar a responder a una empresa o persona que tenga responsabilidad en el conflicto.

“En el ejercicio de esas competencias, las mencionadas Sala y Sección no podrán fundamentar su solicitud y decisión exclusivamente en los informes recibidos por la JEP, sino que deberán corroborarlos extrínsecamente con a través de otras pruebas”, sostiene el texto de la ponencia.

La senadora Claudia López explicó que “cuando metieron que no los pueden llamar sino cuando existiera una prueba extrínseca, quiere decir que la JEP solo podía llamar un tercero cuando por fuera de la JEP, extrínsecamente a la JEP, es decir en la justicia Ordinaria, existiera algún indicio o prueba que permitiera llamarlo, es decir otra vez quedaba la JEP supeditada a la Fiscalía”.

Y añade: “al eliminar esa palabra extrínseca, la JEP no depende de que la Fiscalía le reporte una prueba o indicio sobre un tercero, sino que si con lo que está en la JEP consideran que hay evidencia suficiente para llamar a un tercero, lo pueden llamar”.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por su parte explicó que los ajustes introducidos al proyecto no implican cambios esenciales en la jurisdicción de paz.

“Definimos bien lo que tiene que ver con los delitos de ejecución permanente, que era un trabajo que estábamos haciendo con la Fiscalía para dejar claramente delimitadas las competencias de la JEP y de la Justicia Ordinaria”, manifestó.

La senadora Claudia López criticó que en el texto no se haya definido la responsabilidad de mando del Secretariado de las Farc y que el Gobierno no haya permitido modificaciones al capítulo de justicia para los integrantes de la Fuerza Pública.