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Según información de Jormary Ortegón, del colectivo de abogados Alvear Restrepo, a pesar de la actividad económica generada por la industria petrolera, los residentes de la región tienen un difícil acceso al trabajo, a causa de irregularidades en el sistema de intermediación para la contratación de la mano de obra no calificada dentro de la población local a través de las Juntas de Acción Comunal (JAC) y Asojuntas.
“Se constataron violaciones al derecho de libre asociación: el 81% de los trabajadores encuestados opinaron que la empresa donde trabajaban no permitía la afiliación libre y voluntaria a un sindicato, y 79% de ellos pensaban que podrían ser despedido como represalia por afiliarse al sindicato USO”, dijo Ortegón.
El estudio indica que además hay una falta de información entorno a la existencia de sindicatos en la industria petrolera. “Al igual se constataron obstáculos al derecho a la negociación colectiva, incluyendo denuncias por oferta de prebendas, promesas o conservación del empleo para promover la no afiliación a la Unión Sindical Obrera (USO), limitaciones a la libertad de expresión y falta de espacios para el dialogo y la organización”, señala el estudio.
Por su parte, Alejandro Ospina, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Energética Nacional (Uten), el estudio le parece un sesgo político que pretende atacar a la industria de los hidrocarburos y a unas empresas.
“Me resulta de total falta de objetividad que se pretenda presentar -la realidad de una industria y unos proyectos específicos- sin que se interactúe con los actores reales, que cuando menos en el tema laboral, deberíamos haber sido nosotros, que contamos como afiliados con más de 70% de los trabajadores vinculados, y peor aún, que se generen señalamientos como los endilgados en contra nuestra, sin habernos ni siquiera ofrecido un espacio de discusión”, dijo.
LA F.m. se intentó comunicar con algún vocero de Pacific, pero ellos manifestaron que no se iban a pronunciar porque desde 2014 la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) se reunió con varios representantes de Pacific para discutir las diferentes inquietudes que tenían sobre la operación, se respondieron los cuestionarios y se les entregaron todos los documentos de soporte expedidos por las diferentes autoridades.
Sin embargo, ellos argumentan que al recibir el informe final “nos dimos cuenta de que nuestros argumentos y evidencias no fueron tenidos en cuenta, por este motivo en su momento nos negamos a hacer comentarios al documento y a participar en el evento de socialización del informe en Puerto Gaitán”.
