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La Justicia Especial para la Paz (JEP) le pidió a la Gobernación de Antioquia, a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y a la fundación Socya información acerca de la búsqueda de personas desaparecidas en municipios aledaños a la hidroeléctrica en construcción de Ituango.
La petición se basa en una solicitud de medidas cautelares promovidas por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) "que procura el cuidado, la protección y la preservación de 16 lugares del territorio" colombiano en los que se sospecha que pueden estar enterrados cuerpos de desaparecidos, detalló la JEP en un comunicado.
Esos puntos están ubicados en los departamentos de Antioquia, Caldas, Cesar, Santander y Sucre, en los que se sospecha que hay cuerpos enterrados de posibles víctimas del delito de desaparición forzada durante el conflicto armado colombiano. Específicamente y dentro del departamento de Antioquia, en el que está Hidroituango, hay varios puntos ubicados en Medellín, Tarazá, Ituango, Valdivia, Cáceres, Yarumal, Nechí, Peque, Briceño, San Andrés de Cuerquia, Liborina, Sabanalarga, Toledo, Olaya, Buriticá, Betulia y Puerto Berrío.
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La central eléctrica fue declarada en emergencia en mayo de 2018 por problemas técnicos, al parecer consecuencia de supuestas irregularidades en los procesos de contratación de la firma EPM. El problema comenzó con un derrumbe que taponó el túnel que desvía las aguas del río Cauca, el segundo de mayor cauce del país, que quedaron represadas por el embalse en construcción.
Ante el peligro de que el caudal rompiera la presa, los ingenieros decidieron inundar el cuarto de máquinas cuya construcción estaba bastante avanzada y sacar el agua de manera controlada. La situación obligó a las autoridades a evacuar en su momento a unos 113.000 habitantes de Puerto Valdivia y Puerto Antioquia, así como de los municipios Cáceres y Tarazá, situados a orillas del Cauca.
Además, la JEP solicitó al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, información sobre la búsqueda de personas desaparecidas en la Comuna 13 de esa ciudad, específicamente en los puntos denominados "La Escombrera" y "La Arenera" en los que se sospecha hace años que pudieron ser enterradas personas desaparecidas. La Comuna 13, una popular barriada en la que viven unas 130.000 personas, muchas de ellas en condiciones de pobreza, ha sido escenario frecuente de conflicto armado.
Allí tuvieron fuerte presencia varios grupos guerrilleros, que posteriormente fueron sustituidos por los bloques Metro y Cacique Nutibara de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), además de bandas criminales que siempre se mantuvieron en la zona.
La zona fue ocupada por la fuerza pública en octubre de 2002 en la "Operación Orión" en la que varias personas fueron desaparecidas, según varias organizaciones de derechos humanos. Además, la JEP abrió un procedimiento para tomar medidas correccionales contra los alcaldes de San Onofre, Nechí y Cáceres que desobedecieron una orden impartida en noviembre pasado para avanzar en el hallazgo de personas desaparecidas.
Al respecto, Empresas Públicas de Medellín, a cargo de Hidroituango, dijo que la información sobre posibles personas desaparecidas en inmediaciones de la hidroeléctrica ellos mismos la están solicitando desde 2013 a la Fiscalía General de la Nación. Este es su pronunciamiento completo:
En relación con la solicitud de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de “entregar información sobre la búsqueda de personas desaparecidas en los municipios aledaños al proyecto hidroeléctrico Ituango”, EPM se permite informar a la opinión pública:
1. El 4 de marzo de 2019, EPM recibió un requerimiento de información por parte de la Sección de Primera Instancia para casos de ausencia de reconocimiento de verdad y responsabilidad de la JEP, relacionado con la recuperación, cuidado, protección y preservación de 16 lugares del territorio nacional, entre ellos, algunos ubicados en el área de influencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, sin concretar su localización específica. Solicitud que la empresa se encuentra tramitando.
2. Es importante recordar que, en el marco de la debida diligencia y el respeto por los derechos humanos, EPM solicitó en 2013 a la Fiscalía General de la Nación, como entidad encargada de la búsqueda, identificación y entrega de personas desaparecidas, agilizar los procesos pendientes que se reportaran ante el ente investigador en la zona donde se construiría la presa y la zona de embalse.
3. Para facilitar la labor del ente investigador, EPM ha brindado su apoyo por medio de su operador social para el proyecto hidroeléctrico Ituango, la empresa SOCYA. Todo ello, en virtud del deber de colaboración armónica con las diferentes autoridades, sin que para el efecto se haya suscrito un convenio o contrato con la Fiscalía General de la Nación.
