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El senador Álvaro Uribe Vélez, presente en el Congreso Nacional de Seguridad Privada, organizado por la agremiación, alertó a los empresarios sobre varios puntos que afectarían a más de 265.000 empleos directos que producen las más de 850 empresas legalizadas y registradas ante la Superintendenciade Vigilancia y Seguridad Privada
El punto al que hace referencia el Senador es el 3.4.10; lo cual sorprende pues es el único sector de la economía que tiene un numeral propio en los acuerdos de La Habana.
Para Uribe, existe una exigencia en los acuerdos de la Habana para revisar y actualizar el proyecto de la Ley de Vigilancia, con lo cual el estatuto de seguridad privada sería modificado sin la intervención del sector y simplemente se realizarían los cambios con el proyecto y línea del Gobierno vía fast track.
Según el senador del Centro Democrático, se debe evitar la apertura a las empresas extranjeras de seguridad privada. La preocupación es que la vigilancia y seguridad manipula armas de fuego. Es un sector que tiene una sentencia de la Corte Constitucional que determinó que el sector debe ser manejado por nacionales colombianos y lo único que se debe buscar es el cumplimiento de la Ley y de la sentencia de la Corte. "Ningún Estado del mundo delega el manejo de armas de fuego en manos de extranjeros y Colombia no puede ser la excepción".
Así mismo, Uribe resaltó que, de manera inexplicable, se le dio atribución a una Comisión, creada con el objetivo garantizarle seguridad a las Farc, para supervisar las empresas privadas de vigilancia.
"Es entendible que a los desmovilizados de las Farc se les otorgue protección, lo grave residía en que ese organismo tendría participación de miembros de las Farc, y aunque hubo una corrección en el acuerdo, esta fue superficial, porque ahora plantea que ya no habrán miembros de las Farc pero sí tres expertos nombrados por la Comisión de Implementación entre las Farc y el Gobierno, lo cual genera muchas dudas e incertidumbre".
Álvaro Uribe recomendó a los empresarios de seguridad privada hablar con las diferentes bancadas parlamentarias para contemplar correcciones en el trámite del Congreso para este punto. Esto debido, no solamente a que podrían supervisar empresas de seguridad privada de vigilancia, sino a la facultad de revisar las hojas de vida de los servidores públicos y los archivos de inteligencia del Estado. Según el exmandatario, es injusto sostener un acuerdo con un grupo que ha sido responsable de tantas acciones terroristas, como también lo es la facultad que se les otorga de vigilar a las empresas de seguridad, como si estas últimas fueran las responsables de la violencia en Colombia.
Al respecto el dirigente de Andevip, Osvaldo Parada, también expuso sus incertidumbres frente a las políticas de Gobierno:
