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Fuentes de la Fiscalía General de la Nación dieron a conocer a RCN Radio que en Cundinamarca, Arauca y Boyacá, funcionaban una sociedad de inversiones y comercialización y cuatro establecimientos de comercio por medio de las cuáles el ELN se financiaba en su frente de guerra oriental.
Desde la Delegación contra la Criminalidad Organizada explicaron que los dineros provenientes de actividades ilícitas, destinado a financiar otras de ese tipo, eran justificados a través de esas empresas que en su mayoría se dedicaban a la comercialización de alimentos en varias regiones.
Los hallazgos fueron hechos en el marco de la investigación que se sigue adelantando por el atentado terrorista contra la escuela General Santander, en enero de 2019 en Bogotá y que ya deja varios capturados.
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Las empresas en cuestión son la Sociedad Inversiones y Comercializadora Aldana, Lácteos Villa Yulita, Quesera Los Andes, Distriquesos F.F y Lácteos Villa Esperanza, cuyo valor de sus bienes, sumado a otros afectados por esa investigación, llega a los dos mil millones de pesos.
Asimismo, desde la Fiscalía se conoció que algunos camiones relacionados con estas empresas realizaban recorridos con elementos de uso privativo de las fuerzas militares por lo que se venía haciendo seguimiento al respecto.
Se conoció también que las personas relacionadas con esas actividades económicas ilegales que se realizaban no declaraban su patrimonio y luego aparecieron como poseedores de varios bienes y dinero. Las empresas funcionan desde hace varios años, como desde el 2012.
Según indicó la Fiscalía, hay elementos relevantes que indican que desde el comando central de esa guerrilla se dio la orden de ejecutar el atentado y aunque no se dieron identidades, aseguran que es a lo que apunta la línea investigativa.
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Recientemente, desde allí reportaron la captura de las personas y el impacto a los bienes, dentro de los cuales también fueron incluidos vehículos, además de inmuebles y de los establecimientos comerciales y sociedades ya mencionadas.
“Se logró la captura de ocho personas que participaron en la financiación, planeación y ejecución del atentado ocurrido el 17 de enero de 2019; al tiempo que se impactó el patrimonio ilícito que abastecía de recursos al ELN para realizar ataques como el de la escuela de cadetes, y se ocuparon 9 bienes entre inmuebles, sociedades, establecimientos de comercio y vehículos”, indicó el ente investigador.
