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Con esta actividad ilícita evitaban la medición del consumo real de energía de las instalaciones de la clínica, ocasionando pérdidas mensuales del orden de los 6.5 millones de pesos a Electricaribe.
Para garantizar la seguridad de los clientes y la correcta operación de la red de distribución eléctrica, la empresa suspendió provisionalmente el servicio de energía y posteriormente normalizó los equipos de medida.
Por este delito, establecido en el Código Penal como defraudación de fluidos, Electricaribe emprendió las acciones penales correspondientes con las autoridades competentes y realizará el cobro correspondiente por la energía dejada de facturar.
Para la empresa “la manipulación ilegal de la infraestructura eléctrica y el robo de energía, no solo afecta la capacidad de inversión de la compañía sino también la calidad y confiabilidad del servicio para todos los usuarios de la región Caribe”.
El fraude eléctrico es una actividad delictiva que le significa a Electricaribe pérdidas anuales superiores a 285 mil millones de pesos, afectando la posibilidad de desarrollar mayores inversiones para la mejora del suministro de energía a sus clientes.
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