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La Secretaria de Integración Social canceló ocho contratos con operadores de comedores comunitarios debido a que no cumplían con los requisitos ambientales, nutricionales y administrativos.
La decisión fue tomada después luego de que se identificara que algunos no estaban atendiendo a la población vulnerable sino que, en el caso del comedor San Ignacio, en Engativá, se alimentaban trabajadores de fábricas aledañas.
"En algunos casos, los comedores reportaban mayor número de usuarios para justificar la cobertura en los mismos, pero realmente la asistencia de los beneficiarios era menor a la informada por el operador", dice la entidad en el reporte.
Además, encontraron que hay beneficiarios de los Centros de Protección que eran pensionados, lo que los inhabilita para recibir el apoyo alimentario.
Entre otras cosas, se tomó la decisión de reorganizar 44 comedores, de los 141 que tiene la entidad, por cercanía y condiciones de infraestructura.
