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La Fiscalía ordenó la captura de exfuncionarios y contratistas la alcaldía de de Villavicencio, por irregularidades en un convenio de servicio de internet que beneficiaría a 149 colegios oficiales del municipio. Las autoridades capturaron cuatro personas y se evidenció un posible detrimento de más de 1.200 millones de pesos.
La Fiscalía General de la Nación, a través del Plan Bolsillos de Cristal para combatir la corrupción, detectó un nuevo caso de presunta malversación de recursos en el sector educativo en Villavicencio, para la prestación del servicio de internet con el que se beneficiaría a instituciones educativas de este municipio.
El ente acusador ordenó la captura contra Elmer González González, representante legal de Asomaroquia, Néstor Humberto Romero García, gerente para el Desarrollo de las TIC adscrito a Asomaroquia, Hugo Leonardo Ortíz Cárdenas ingeniero supervisor por parte de la Secretaría de Educación de Villavicencio y Jackelin Casallas Bautista la supervisora de Asomaroquia.
Según se confirmó, la Fiscalía mediante labores investigativas coordinadas por la Dirección Especializada contra la Corrupción, evidenció posibles irregularidades en la celebración del convenio interadministrativo 0787 del 11 de julio de 2016, entre la Secretaría de Educación de Villavicencio y Asomaroquia (Asociación Regional de Municipios de Amazonía y de la Orinoquía), por un valor de 1.933’180.217 millones de pesos, de los cuales el municipio de Villavicencio debía aportar 1.671.299.684 y la asociación 261’880.533 millones de pesos.
En la investigación inicial se indica que pese a que el objeto del convenio era precisamente la prestación del servicio de conectividad a 149 colegios oficiales de la capital de Meta, se habrían generado presuntos sobrecostos, además de una aparente violación de los principios de contratación estatal, entre ellos los de planeación, transparencia, responsabilidad y objetividad.
“Los investigadores establecieron que para conseguir el propósito, al parecer se falsificaron documentos que acreditaban la experiencia de la compañía, así como los estudios previos”, dice la Fiscalía General de la Nación.
También se habrían adulterado firmas de personas, con las cuales supuestamente subcontrataron servicios, los dineros destinados para ello presuntamente terminaron en manos de los investigados, al parecer producto de esos falsos contratos.
El ente acusador estableció la celebración del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, que ocasionó un posible detrimento de 1.266’560.000 mil millones de pesos.
Las capturas fueron en diligencias judiciales realizadas el pasado 4 de septiembre, cuando el CTI de la Fiscalía capturó en Bogotá y Villavicencio a cuatro funcionarios que al parecer están implicados en el fraude.
Este miércoles ante un juez de control de garantías de Villavicencio, la Fiscalía les imputará cargos a los detenidos —en calidad de coautores— como presuntos responsables de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
Otras tres personas son investigadas por estos hechos, entre ellas, dos exfuncionarios de la Administración Municipal
Esta investigación inició en 2016 cuando el concejal Felipe Hartman denunció las irregularidades que se habrían cometido en este millonario contrato, cuando el secretario de Educación era Hernando Fontecha.
En su momento afirmó el cabildante que en la firma entre el Municipio y Asoamaroquía del convenio para proveer internet a instituciones públicas. se había cometido falsedad en documento público y celebración indebida de contratos. Añadió el concejal que pedía la renuncia del entonces secretario de Educación habida cuenta de cuán frecuentemente la Secretaría ha sido protagonista de escándalos.
El concejal Harman denunció que ese convenio interadministrativo firmado entre la Secretaría municipal de Educación y Asoamaroquía tenía: “serias irregularidades o rarezas. La primera de ellas es que por ser convenio, no fue sometido a licitación pública; la segunda, la experiencia que aduce tener la asociación para suministrar internet no tiene bases; la tercera, la naturaleza de esta asociación sólo sirve para proyectos entre los municipios miembros, entre los cuales no se cuenta a Villavicencio.
Según el concejal esto constituiría el delito de falsedad en documento público y celebración indebida de contratos.
