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El movimiento Ríos Vivos, integrado por afectados de Hidroituango, denunció que desconocidos ingresaron a su sede en la vereda Miraflores de Toledo, Antioquia.
Según la denuncia, los desconocidos hurtaron actas, fotocopias de cédulas, alimentos, listados de líderes y documentos importantes en el proceso que adelantan por la construcción de la hidroeléctrica.
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En un comunicado, el movimiento señaló que el saqueo en el Norte de Antioquia ocurrió a pocas horas de instalarse la mesa técnica en la Procuraduría, ordenó el Juez 75 con función de Control de Garantías de Bogotá.
El propósito es entregar en dos meses un informe sobre la situación a las víctimas de las obras y a los entes de control. "Esto ocurre el mismo día de la instalación de la Mesa Técnica que debe determinar en dos meses si la obra continúa o no, si es estable o representa un riesgo para las comunidades", señala el documento.
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La denuncia del saqueo proviene de un grupo de personas que se opone a Hidroituango y se identifica como Ríos Vivos. Sin embargo, el movimiento nacional aclaró que estos activistas en Antioquia, de manera autónoma, se retiraron de la colectividad, aunque sigan utilizando los nombres, símbolos e insignias.
Los activistas exigieron a las autoridades investigar el ingreso irregular a las instalaciones y brindar las condiciones de seguridad para sus líderes. Advirtieron además que “los logros jurídicos recientes” son un “nuevo riesgo” para su vida e integridad física.
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¿Qué ordenó el juez?
En la decisión judicial reposan cuatro situaciones importantes, como la invasión del buchón de agua sobre el río Cauca, a la altura de Sabanalarga (Antioquia).
También la planta de asfalto en la vía que conduce de Toledo a Puerto Valdivia (Antioquia); la escombrera El Higuerón está ubicada entre Puerto Valdivia y la hidroeléctrica, y la afectación de la cadena alimentaria, debido a que la presencia de buchón está reteniendo la “riqueza biológica y de minerales del río Cauca”.
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