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La trata de personas y la explotación infantil en las carreteras del Eje Cafetero se han convertido en delitos invisibles para las autoridades. Así lo denunciaron varias asociaciones de mujeres en el departamento del Quindío, al referirse a la “ruta del ternero”.
Esta actividad consiste en ofrecer a menores de edad para “servicios sexuales” en las carreteras del Eje Cafetero, situación que según las fundaciones, se ha expandido hasta La Guajira. Las autoridades no han decidido intervenir.
Liana Katherine Alcázar, directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres de Corazón, dijo: “es un tema que se viene tratando desde el 2015, la prostitución infantil, la trata de personas y la famosa ruta del ternero en Risaralda, Quindío y parte del Tolima, donde las pocas personas que se han atrevido a denunciar han sido calladas”.
“Este es un negocio muy grande en la vía y tiene muchísimos años en la región afectando a miles de niños, niñas y adolescentes”, agregó.
La líder social indicó que en el departamento del Quindío no existe una política pública que trabaje en estos temas y que prevenga la vulneración de las mujeres, la comunidad LGTBI y los menores de edad.
“La política pública no la hay y tampoco permiten que las nuevas organizaciones actúen por la sociedad (...) son los mismos con las mismas que no salen del mismo ciclo y no generan nuevas ideas”.
El llamado de los diferentes grupos sociales es seguir denunciado estas irregularidades, para generar la necesidad de un programa o política que genere acciones de cambio.
Según Isabel Londoño, asesora del Fiscal General de la Nación en el departamento del Quindío, esta es una de las regiones priorizadas por el organismo debido al aumento de casos de trata de personas.
La vocera de la Fiscalía visitó la región para impulsar la campaña, “eso es un cuento”, que busca prevenir el delito y priorizar acciones en los municipios.
Los datos de la Secretaría del Interior de la gobernación del Quindío dan cuenta de un caso reportado en lo que va corrido del 2018 de una mujer víctima de explotación sexual y siete denuncias registradas en el año 2017 donde todas tenían que ver con afectaciones al género femenino.
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