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El Sindicato de Trabajadores de las Empresas de Servicios Públicos SINPRO, la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín y varios concejales de la ciudad, denunciaron una presunta campaña de EPM para descalificar y entorpecer las investigaciones que adelanta la Contraloría, por presuntas irregularidades en la compra de Aguas de Antofagasta de Chile.
La concejal de Medellín por el Polo Democrático, Luz María Munera, aseguró que EPM no ha sido respetuosa de las investigaciones y, al contrario, ostenta una actitud desafiante al contratar abogados internacionales. La corporada recordó que la compañía habría incurrido en un sobrecosto de 562 mil millones de pesos en la adquisición de la empresa chilena ADASA, considerada la mayor transacción en la historia de la compañía.
Los veedores, el sindicato y los concejales, pidieron que el alcalde de Medellín, como presidente de la Junta Directiva, tome decisiones por las presuntas irregularidades en la compra de la empresa de aguas y acueductos, transacción que se hizo por 2,4 billones de pesos, pese a que el valor real sería de 1,8 billones de pesos.
Por su parte, el vicepresidente de Finanzas Corporativas de Empresas Públicas de Medellín, Jorge Andrés Tabares, aseguró que el valor de ADASA se calculó mediante una metodología adecuada y ajustada a la ley.
Mientras tanto, el proceso por el hallazgo fiscal continúa en la Contraloría General de Medellín, para determinar si la mayor inversión en el extranjero de EPM fue legal o incurrió en alguna irregularidad.
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