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Las recientes amenazas y atentados contra líderes sociales y defensores de derechos humanos, desde la firma del acuerdo de paz con las Farc, han hecho que muchas miradas se posen sobre la Unidad Nacional de Protección, entidad encargada de proteger a ciudadanos categorizados con 'riesgos extraordinarios y extremos'.
La FM revisó denuncias relacionadas con las demoras en la asignación de esquemas de protección individuales de quienes consideran estar en peligro. Según las denuncias, la UNP se tarda en asignar esquemas el doble y el triple del tiempo del que hablan oficialmente, pues le informan a los solicitantes que la asignación de un esquema tarda aproximadamente tres meses.
Consultamos a múltiples liderazgos sociales del país y encontramos que hay demoras de hasta un año. Uno de los sindicatos de la UNP también denuncia que hay un trato desigual aplicado a los liderazgos que solicitan protección por la ruta ordinaria y aquellas personas que son protegidas por discreción del director de la UNP, Pablo González, por razones de emergencia. También consultamos a la UNP sobre las demoras denunciadas, pero no dieron respuesta.
Estas son algunas de las denuncias:
Orlando Burgos, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas
Burgos es víctima de desplazamiento forzado y fue elegido hasta el 2021 como vocero de esta mesa, reconocida por el Estado, que vela por todas las víctimas del país.
"Aquí un estudio de riesgo por parte de la UNP puede demorarse hasta un año cuando la norma habla de tres meses. Y después vienen los tiempos para la entrega de la medida que también hay casos palpables y comprobables que se puede demorar dos tres meses en estar entregándole la medida. Es decir, que el programa anda muy despacio frente a las necesidades que se presentan de amenazas de líderes y defensores de derechos humanos", expresó Burgos.
"Nosotros hemos dicho, hay que proteger para prevenir. Han habido compañeros que fueron asesinados esperando las medidas de protección. Conozco casos de compañeros que fueron asesinados esperando la protección o fueron sicariados y cuando estaban en el hospital es que fue la UNP para ver cómo los protegía".
Jorge Vásquez, excoordinador de la Mesa Nacional de Víctimas
Pese a que Vásquez viajó a La Habana en la Delegación de Víctimas ha afirmado en La FM que le quitaron su esquema de protección, presuntamente, por su oposición al proceso de paz con las Farc.
"Se han demorado hasta seis y ocho meses en implementar un esquema de protección cuando a bien lo tengan. Me hicieron un estudio de nivel de riesgo en septiembre de 2019, ya tenemos más de 120 días y la UNP no sabe responder frente a las varias solicitudes que he hecho por escrito. Cuando uno requiere un esquema de protección, porque uno está amenazado en ese preciso momento, uno lo que quiere es que la UNP haga un trámite de emergencia, pero implementan esquemas a los ocho meses. Esa ruta que tienen de atención da como resultado líderes asesinados en toda Colombia. Le hemos dicho a la UNP y a Mininterior que revisen ese mecanismo", declaró Vásquez.
Yesid Barragán, presidente sindicato ASEP de la UNP
Barragán denuncia que el director de la UNP ha tenido un trato preferente, a la hora de otorgar esquemas, hacia las personas que han sido protegidas por orden directa de él por supuestas razones de emergencia. El sindicato no revela nombres pues estos gozan de reserva legal.
"El director en varias ocasiones se aparta de los conceptos de estudio de riesgo y determinaciones de CERREM para quitarle medidas de protección a los líderes sociales. Mientras hace todo lo contrario en los casos de personalidades de alto nivel donde se aparta de las decisiones del CERREM para otorgar medidas a personas que el estudio de riesgo ha determinado que no las necesitan", advierte.
"Lo mismo sucede con los trámites de emergencia que realiza la dirección. Donde implementa medidas de protección a personas que no presentan inminencia de riesgo. Estos procedimientos son totalmente irregulares y los hemos denunciado a los organismos de control", agrega.
Juan Carlos Posada, reclamante de tierras
Uno de los ejemplos de lo que denuncia Barragán está en el caso de Posada, quien no es líder social. Es un ingeniero bogotano que se encuentra escondido por amenazas, que denuncia que lo quieren matar por reclamar una hacienda llamada Santa Ana, en Cimitarra, Santander. La Procuraduría ha pedido en enero de 2020 al director Pablo Elías González que le dé protección inmediata por razones de emergencia, pero la entidad no ha dado respuesta. La UNP le informó a La FM que la protección de Posada debe ser asumida por el Programa de Protección de testigos de la Fiscalía, pero contradictoriamente la Fiscalía le pidió a la UNP y a la Policía de Bogotá que proteja a Posada, en un oficio del pasado 7 de enero.
"Llevo más o menos seis meses solicitando a la UNP que haga una reevaluación de las medidas de seguridad que me prestaron, que fue un chaleco antibalas y un botón de pánico, debido a que estoy amenazado. Me hicieron un atentado en diciembre y desde septiembre me vienen haciendo seguimientos. Tanto la Procuraduría, como la Fiscalía y Defensoría han solicitado a la UNP que me den medidas urgentes y lo último que me dijeron es que tengo que esperar 60 días más para ver si ellos evalúan mi nivel de riesgo", advirtió.
¿Qué dice la norma?
La UNP advierte en sus canales oficiales que las solicitudes de protección deben ser resueltas en tres meses.
El decreto reglamentario del sector interior advierte que el Grupo de Valoración Preliminar no debe tardar más de 30 días en analizar las situaciones de riesgo de cada solicitante. Pero no habla de tiempos perentorios en el CERREM o Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas, instancia que se encarga de recomendar qué tipo de medidas de protección debe asignarse a los solicitantes.
