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Luego de conocerse el pronunciamiento oficial del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, según el cual la muerte del ciudadano Luis Orlando Saíz en Duitama, Boyacá, ocurrió como consecuencia del impacto de un proyectil de granada lacrimógena a alta velocidad, la Defensoría del Pueblo reclamó una investigación urgente con resultados prontos.
El ente humanitario coincide con el Gobierno Nacional en que el derecho legítimo a la protesta no puede convertirse en argumento para atropellar el interés general y los derechos de las comunidades, pero al mismo tiempo recordó que la actuación de las autoridades debe ceñirse al respeto por las normas de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría solicitó a los transportadores abandonar estas vías de hecho absolutamente inaceptables, y a los organismos de seguridad aplicar las medidas anunciadas por el Gobierno sin afectar los derechos fundamentales de las personas, pues de lo contrario sería igualmente censurable.
El organismo del control, mediante comunicado indicó, que seguirá vigilante para acompañar a las comunidades y prevenir, en lo posible, más situaciones como las que se presentaron en los últimos días.
