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El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, junto a la canciller María Ángela Holguín, llegó hace pocos minutos a la frontera con Venezuela para verificar la situación de los colombianos deportados como resultado del estado de excepción declarado por el Gobierno del vecino país, medida que ha dado origen a una crisis social en la región, atravesada por vulneraciones a los derechos fundamentales de los connacionales.
Durante las últimas horas, la Defensoría gestionó albergue temporal para 180 compatriotas que cruzaron por una trocha aledaña al puente internacional Simón Bolívar, y que al no tener refugio solicitaron la intervención humanitaria de la Entidad.
Vale la pena indicar, que según los registros oficiales son 598 las personas recién obligadas a abandonar sus sitios de residencia en barrios como Mi Pequeña Barinas, Antonio José de Sucre y Esequiel Zamora, al otro lado de la frontera, incluidos 42 niños, niñas y adolescentes. Otros 34 menores de edad habrían tenido que quedarse en Venezuela sin sus seres queridos, de acuerdo con las quejas expresadas por los deportados, cuya cifra sólo en el mes de agosto se eleva a 724.
Este domingo, la Defensoría recibió 40 declaraciones formales de colombianos que advirtieron malos tratos, atropellos y amenazas de la Guardia Venezolana, situación que fue recogida por las autoridades diplomáticas para exigir el respeto a los derechos de los colombianos.
Anoche domingo, un equipo de alto nivel de la Defensoría del Pueblo encabezado por el Delegado para los Derechos de la Población Desplazada y el Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas, hizo presencia en la zona limítrofe para fortalecer las tareas humanitarias y dar alcance a las quejas presentadas por quienes han sido objeto de este éxodo forzado, que además de fracturar varios hogares, ha generado serios perjuicios para la manutención de las familias y para el comercio binacional.
