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A través de su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo estableció que un total de 268 municipios del país registran algún tipo de riesgo de cara a las elecciones territoriales que se realizarán el próximo mes de octubre, por cuenta de la incidencia del conflicto armado en 29 departamentos de la geografía nacional.
La entidad destaca que los principales actores armados, fuente de riesgo electoral, son los grupos postdesmovilizados de las Autodefensas, con incidencia en 156 municipios; mientras la guerrilla de las Farc fue identificada como factor de riesgo en 128 poblaciones y el ELN en 79.
Al respecto, cabe destacar que el cese unilateral del fuego y las hostilidades ofrecido por las Farc, el cual fue prolongado el pasado 20 de agosto, ha incidido en la disminución de la intensidad del conflicto y las acciones bélicas con efectos indiscriminados, que eran frecuentes en desarrollo del proceso electoral como forma de enfrentar a la institucionalidad.
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Sin embargo, la Defensoría conoció que en algunas regiones del país se han registrado presiones e intimidaciones a la población civil por cuenta de la guerrilla, así como limitaciones a la movilidad de ciertos candidatos para direccionar el voto de los ciudadanos, como estaría sucediendo en El Doncello, Caquetá, y en Yopal, Casanare.
El monitoreo de la Defensoría del Pueblo ha permitido establecer 106 hechos de violencia en el marco del actual proceso electoral en 87 municipios de 27 departamentos de Colombia, siendo las amenazas de muerte contra candidatos a cargos de elección y servidores públicos del orden departamental y municipal la variable con mayor repetición.
Entre el 1 de enero y el 26 de agosto se han registrado 6 homicidios contra candidatos o familiares cercanos y 6 homicidios contra funcionarios públicos, en Antioquia, Valle del Cauca, Caquetá, Boyacá, Chocó y Quindío.
A diferencia de lo acontecido en los años 2007 y 2011, cuando la variable de riesgo de más alto impacto estaba relacionada con los atentados y ataques armados, y con los actos de perturbación democrática por parte de las guerrillas de las Farc y ELN, en el actual proceso electoral los factores de riesgo con mayor incidencia son las amenazas, el constreñimiento al sufragante y las restricciones a la movilidad.
A propósito, y en relación con los mapas de riesgo electoral construidos por el SAT para las elecciones territoriales registradas en 2007 y 2011, la Defensoría del Pueblo observa una reducción importante de municipios en riesgo.
