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En el encuentro acordaron trabajar de manera conjunta en la situación de los líderes de derechos humanos en el país.
“Las dos entidades consolidarán a partir de este encuentro mecanismos de trabajo en conjunto para adelantar seguimiento sobre estos casos y alertar si se presentan nuevos escenarios de riesgo para los defensores de derechos humanos en el país”.
El defensor compartió con la CIDH la preocupación del estado con la situación de líderes sociales y defensores de derechos humanos y entregó al funcionario de este organismo un informe acerca del seguimiento que ha hecho la defensoría en terreno en cuanto los riesgos y las amenazas que tiene este grupo de personas sobre todo afectadas por actores armados ilegales.
A través de Carlos Antonio Lozada, las Farc denunciaron que después de haberse firmado el acuerdo de paz ya han sido asesinados 25 personas entre exmiembros de la Farc, familiares, y milicianos.
La organización calificó el hecho como grave, pero además denunció amenazas a organizaciones sociales.
“Exigimos al Gobierno Nacional plenas garantías para que, en el marco de los acuerdos de paz firmados, estas amenazas no queden en la impunidad, dada su gravedad y las consecuencias que tiene para la sociedad el hecho que se atente de esta forma contra el derecho de todos los colombianos a asociarse libremente“, dijo Lozada.
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