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La Defensoría del Pueblo anunció que hará seguimiento a la regulación de los procesos de selección objetiva sobre asuntos de minería e industria extractiva.
Mediante sentencia, la Corte Constitucional dejó claro que el Estado debe adelantar procesos de consulta previa antes de delimitar los territorios que serán concesionados para la explotación minera, mediante el nuevo procedimiento de selección objetiva o “ronda minera”.
El órgano de control para los derechos humanos, resaltó que la delimitación de áreas estratégicas mineras no es una ‘mera expectativa’ de titulación minera, sino que impone un uso específico de los suelos que los destina a actividades extractivas.
Además, sostuvo que un proceso de consulta realizado por agentes privados con posterioridad a la “ronda minera” o selección objetiva, haría perder el carácter previo de la misma y vulneraría otros derechos como los territorios colectivos y la identidad cultural de los pueblos.
La Defensoría del Pueblo considera necesario fortalecer la participación de la ciudadanía y de los grupos étnicos sobre asuntos relacionados con la industria minera y extractiva que puedan afectarlos.
Por esta razón, solicitó a la Corte Constitucional que atendiera las pretensiones de las demandantes, y suspendiera los efectos de las resoluciones que delimitaron más del 20% del territorio nacional como áreas estratégicas para la realización de actividades mineras sin haber agotado procesos de consulta previa.
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