Daniel Quintero sorprendido por perder tutela: seguirá apartado de su cargo como alcalde de Medellín

El Consejo de Estado negó la tutela de Daniel Quintero Calle, en la que solicitaba suspender los alcances del fallo de la Procuraduría General de la Nación, que lo separó de su cargo como alcalde de Medellín, mientras investiga una presunta participación política, en medio de la campaña electoral para elegir al próximo presidente de Colombia.

Cabe recodar que la acción judicial fue interpuesta por Quintero y los ciudadanos Jhon James Parra Monsalve, José Libardo Vallejo Betancur y Mateo Vélez Sánchez. Ellos indicaban que "la suspensión preventiva que emitió la Procuraduría y la designación del alcalde encargado Juan Camilo Restrepo violaban los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a elegir y ser elegidos".

Le puede interesar: Entregaron ante la Procuraduría más pruebas contra Daniel Quintero

Pese a que el alto tribunal admitió la medida cautelar para su estudio, posteriormente la negó argumentando que la Procuraduría podía destituir a líderes elegidos popularmente, para adelantar la indagación.

Asimismo, el Consejo de Estado argumentó que la suspensión "es una medida provisional, no definitiva", que lo que busca es evitar que al ejercer su cargo, se incida en las actuales elecciones presidenciales.

Por último, la decisión sostiene que es “necesaria y proporcional, teniendo en cuenta que la afectación de los derechos del funcionario investigado, en todo caso, no es superior a los beneficios que se obtienen con ella, máxime si se considera que la suspensión provisional es por tres meses o menos, esto es, hasta que finalice la contienda electoral del país”.

Lea también: Suspensión de Daniel Quintero: Cancillería presenta respuesta ante la CIDH

De igual manera, Daniel Quintero se pronunció sobre el fallo, a través de su cuenta de Twitter, donde calificó la decisión como "inesperada" y aseguró que seguirá "resistiendo".

Cabe recordar que la suspensión del cargo es una medida provisional, no definitiva, que busca evitar que el disciplinable, en ejercicio de su cargo, pueda interferir en la contienda electoral que actualmente se desarrolla en el país.