La FM en Google News
En el país existen "zonas rojas" donde se estima yacen algunos de los 45.000 desaparecidos por el conflicto armado de medio siglo, tan peligrosas que ni los familiares, ni tan siquiera las autoridades, se arriesgan a ingresar.
Una perdió un hijo, la otra un hermano. La guerrilla se los llevó a la selva de la región del Cauca, en el suroeste del país, y nunca volvieron. Estas mujeres denunciaron lo ocurrido, alertaron a los medios de comunicación, intentaron ir a la zona. Pero más de una década después nada ha pasado.
"Estaba terminando el servicio militar obligatorio. Era el bebé", cuenta Mariela Patiño, de 56 años, cuyo hijo menor fue retenido por insurgentes mientras estaba de permiso en la granja familiar cerca de Cajibío, a unos 135 kilómetros de Palmira y de Cali.
"Estábamos desayunando cuando se presentaron seis miembros de las Farc, cinco hombres y una mujer", recuerda esta madre de cuatro hijos, mientras muestra una foto de su benjamín, Manuel Alejandro Castro Patiño, de 20 años, en uniforme militar.
El joven recluta fue retenido el 20 de septiembre de 2003 por las Farc. "Lo denunciaron como informante del Ejército y se lo llevaron", dice, y precisa que "la guerrilla prohibía prestar servicio militar".
Mariela luchó tanto por su hijo que las Farc la forzaron a irse de su granja. "Puse la denuncia. Colocaba carteles por todos lados. Me dijeron que si no me iba, no responderían por mi vida, ni por la de mi familia".
Al final, lo abandonó todo y se mudó a Cali, donde abrió un pequeño salón de belleza.
"Un día, un comandante de las Farc me comentó que habían cometido un error (...) Está sepultado en la vereda. Fuimos, pero todavía no lo hemos encontrado. Pasé el informe a la Fiscalía. Hace ocho años. Pero es una 'zona roja' y las autoridades no
pueden ir", se lamenta esta mujer, que se unió a la asociación "Los que faltan", creada en 2012.
- "De alto riesgo" -
Entre "Los que faltan" está Oswaldo Díaz Fuentes. Este concejal municipal de Palmira tenía 42 años cuando desapareció el 15 de octubre de 2001.
"Se lo llevaron cuatro hombres armados, frente a su hijo de 13 años", relata su hermana Zamira, quien de un grueso expediente saca dos hojas.
"Un señor me llevó unos mapitas, un civil involucrado en la búsqueda de desaparecidos". Sobre el papel se ven algunas anotaciones y un itinerario hecho a mano, hasta La Punta, "refugio de la guerrilla", a unas horas de distancia de Palmira.
La Policía fue informada, pero no hubo seguimiento. "Es una zona de alto riesgo, una zona guerrillera y tapada con pinos. Aún es muy peligroso ir", explica Zamira, de 64 años.
Consultada por la AFP, la Fiscalía afirmó a través de su equipo de prensa que "cuando las condiciones de seguridad son complicadas, los funcionarios son acompañados por la Policía o el Ejército Nacional, según las circunstancias. Así siempre llegan a los lugares donde suceden los hechos".
Sin embargo, no fue precisado si llegaron al sitio donde estarían enterrados el recluta Castro Patiño o el concejal Díaz Fuentes.
- "Que nos digan dónde están" -
Al principio, los Díaz Fuentes recibieron pedidos de rescate de hasta 200 millones de pesos (unos 67.000 dólares al cambio actual), que no podían pagar, al igual que otras familias en esa época en que los secuestros extorsivos eran comunes.
Los años pasaron. Los familiares cercanos tuvieron que identificar cadáveres dos veces y hacerse pruebas de ADN. Pero ninguno era el de Oswaldo.
En 2014, las Farc admitieron haberlo matado cuando intentó fugarse con una guerrillera. Pero todavía no hay rastro de sus restos.
Hasta ahora, Fiscalía ubicó 6.500 de los 45.000 desaparecidos que se calcula ha dejado hasta ahora la conflagración interna en el país, de los cuales 3.100 fueron devueltos a sus familiares, según cifras oficiales.
"¡Hemos luchado, pedido por todos los medios que nos digan la verdad, no sólo de mi hermano! ¡Que nos digan dónde están todos los desaparecidos!", dice Zamira, con la voz entrecortada por los sollozos.
