La FM en Google News
Según el documento de la Corte Suprema, cuando se presenten casos de personas que se acrediten como guerrilleros de las Farc, le corresponde al Gobierno comprobar su vínculo con ese grupo armado ilegal, los delitos que cometieron y la conveniencia para extraditarlos.
Si bien la Corte Suprema advirtió que su competencia le señala analizar los requisitos legales para avalar dicha extradición de acuerdo con los requerimientos del país, en este caso, Estados Unidos, cuando se trate de un guerrillero de las Farc el Gobierno, tendrá la última palabra.
“Tal labor le concierne al Presidente de la República, a quien le corresponde sopesar la conveniencia de privilegiar la jurisdicción extranjera frente a la nacional en lo atinente a la protección de los derechos de las víctimas en el evento en que el reclamado se postule a la justicia transicional aprobada en el marco del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, señala la Corte.
El concepto, enviado por el alto tribunal, se basó en el caso del ciudadano Osías Riascos Ocampo, quien fue solicitado por ese país en extradición por delitos relacionados con narcotráfico y concierto para delinquir.
La Corte advierte que en este caso el aval de extradición se hizo con base a esos requerimientos por estos delitos, más no por el de rebelión que no tiene presupuesto de extraterritorialidad.
"Precisa la Sala que la pertenencia del requerido a las FARC-E P se escapa de los aspectos que debe verificar en esta instancia y , por ello , no constituye factor que impida conceptuar favorablemente a la presente solicitud de extradición", indicó el documento.
