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La Corte Constitucional hizo un llamado al Congreso de la República para que dirijan su atención a legislar sobre la pensión para víctimas del conflicto, en especial aquellas que se encuentren en estado de discapacidad.
Para la Corte, el hecho de imponerle tantos requisitos a este grupo de personas que deberán ser tratadas con especial protección, se constituye en un acto discriminatorio, más aún teniendo en cuenta que esta población hace un esfuerzo adicional para movilizarse y realizar los trámites para conseguir su pensión.
El alto tribunal pidió tener una consideración especial, ya que las personas víctimas del conflicto con discapacidad, al tener gran dificultad de conseguir un ingreso, su único sustento de vida sería la pensión que el Estado debería reconocerles por su condición.
Este llamado de la Corte se hizo debido a una tutela estudiada por el magistrado Gabriel Mendoza, quien la falló a favor de un campesino. El hombre resultó afectado por una mina anti persona perdiendo sus piernas y uno de sus ojos.
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