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La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) avisó a Colombia por una serie de cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
La oficina de la Fiscalía, liderada por Fatou Bensouda, dio a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI.
En Colombia se refiere a la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Bensouda expresó "sus preocupaciones" por una serie de cambios introducidos en la JEP recientemente y aprobados por la Corte Constitucional, pues "podría interpretarse" con el sentido de "restringir el concepto de responsabilidad del mando en contraposición al derecho internacional frecuente".
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"Quedará en manos de los magistrados de la JEP interpretar la legislación nacional correspondiente, y en particular la definición de responsabilidad del mando", añadió la fiscal de La Haya.
Sin embargo, la Fiscalía de la CPI valoró "positivamente" que la JEP esté en "pleno funcionamiento" y constató que desde noviembre de 2017 "las autoridades colombianas han llevado adelante varios procedimientos nacionales de relevancia".
Estos enjuiciamientos incluyen falsos positivos, delitos sexuales y de género, y desplazamientos forzosos.
En informes anteriores, la Fiscalía de la CPI había identificado cinco casos potenciales de "falsos positivos", pero el dossier publicado aseguró que "las autoridades colombianas están llevando a cabo varios procedimientos" relacionados con los mismos.
Bensouda también constató las condenas a 29 paramilitares durante el último año y las imputaciones a otros 341 por haber provocado desplazamientos forzosos de civiles.
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Respecto a los supuestos crímenes sexuales, la fiscal celebró las condenas contra tres líderes paramilitares y los procesos iniciados contra otros paramilitares, miembros de las Farc y del Ejército.
La fiscal también tomó nota de las investigaciones abiertas contra empresarios que supuestamente patrocinaron a grupos paramilitares.
Las autoridades colombianas informan con frecuencia a la Fiscalía de la CPI sobre los procesos legales que llevan en sus países respecto a los supuestos crímenes señalados en los exámenes preliminares.
La CPI se rige por el principio de complementariedad, es decir, sólo intervendría en caso de que las autoridades judiciales nacionales no lleven a cabo indagaciones genuinas sobre los hechos investigados.
