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Con el fin de proteger a la comunidad LGBTI recluida en las cárceles del país, la Corte Constitucional ordenó a través de un fallo que la integridad de las personas homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales debe ser cobijada bajo una protección institucional.
Para el alto tribunal, el Inpec no solo debe garantizar los derechos de esta comunidad sino garantizar su protección dentro de los reclusorios del país.
La Corte Constitucional le solicitó al Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), adoptar medidas para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad que hagan parte de la comunidad LGTBI.
“Dicha obligación apareja la de verificar y, si es del caso, enfrentar efectivamente las amenazas contra la vida de los reclusos”.
La Corte por su parte señaló que cuando la vida de los integrantes de la comunidad LGBTI corra peligro, el Inpec deberá hacer traslados inmediatos y no dilatarlos, pues de no hacerlo provocaría tragedias al interior de las prisiones.
La decisión del alto tribunal se tomó debido a una demanda interpuesta por un recluso que por su condición homosexual fue acosado psicológicamente por compañeros, al punto de casi ser violado por otros reclusos.
