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Lo que trascendió es que los magistrados del alto tribunal, encontraron que el decreto expedido por el presidente Juan Manuel Santos dentro de sus facultades especiales, no tenía la justificación suficiente dentro de la refrendación de un acuerdo final para la terminación del conflicto y una paz estable y duradera.
Dentro del decreto, se había establecido que la Policía podía adelantar este tipo de contratos sin la necesidad de convocatoria pública pero dentro de los principios de transparencia, economía y estabilidad.
Según el presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Luis Guillermo Guerrero, el Gobierno tenía otros mecanismos para avalar este tipo de contrataciones para la erradicación de cultivos ilícitos.
"La inexequibilidad se adoptó con base en la consideración sobre la necesidad de justificar, de acudir a la vía extraordinaria para expedir estas normas por decreto y no hacerlo por vía del Congreso así sea por vía de 'fast track', pero a través del procedimiento legislativo por el Congreso", señaló el magistrado Guerrero.
Afirmó que la Corte Constitucional quiere destacar "que tiene que haber una clara justificación de acudir a esa vía, en la medida que ello implica una reducción notable del espacio de deliberación democrática sobre estos temas".
