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No obstante, los magistrados hicieron un condicionamiento sobre el tiempo que deben tomar las decisiones, es decir que ya no será de cinco a partir de la radicación del proyecto sino 20 días para desarrollar las deliberaciones que corresponda.
Trascendió que este tiempo que tiene la Sala Plena de la Corte Constitucional para darle control automático a las leyes deben extenderse tras los conceptos que deben ser enviados por diferentes sectores, entre ellos, la Procuraduría General.
El Decreto analizado, fue el 121 de 2017 y fue el segundo expedido por el presidente Juan Manuel Santos dentro de las facultades especiales que le fueron otorgadas en el Acto Legislativo para la Paz.
Hay que advertir que dentro del Decreto que establece la reducción de los tiempos ordinarios para la Corte Constitucional, considera además que “la Sala Plena de la Corte Constitucional, sin modificar su reglamento interno vigente, podrá disponer que los plazos previstos en él para el registro interno de los proyectos, no se apliquen en este tipo de procedimientos”.
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