Contraloría: Túnel de La Línea no se entregará en el plazo establecido

 

Tras el recorrido realizado por el vocero de la Veeduría Ciudadana por las obras, revisado el estado de los puentes, los túneles y el Túnel II centenario, confirmó las  advertencias hechas sobre la imposibilidad de terminación de las obras para el  30 de noviembre, fecha en que finaliza el contrato. 

 

Según el veedor, este atraso representa mínimo un año más para la entrega del proyecto. Dicho término coincide con el informe presentado por la interventoría del contrato. 

 

La Veeduría ciudadana exigió al Invías decisiones firmes para la terminación de las obras. El país necesita este proyecto listo para el desarrollo económico, así como respuestas claras y concretas en torno al mismo, argumentó. 

 

Durante la mesa de seguimiento, encabezada por la contralora delegada para la Participación Ciudadana, Floralba Padrón Pardo, el coordinador de la Veeduría Ciudadana del Proyecto, Uriel Orjuela, inició su intervención preguntando al director del Invías, Carlos García, cuál es el escenario real para la terminación de las obras y cuál es el estado del contrato de los equipos electromecánicos. 

 

“Yo si les pido hoy a todos, lo estoy haciendo sinceramente en representación de las Veedurías, a todos especialmente al Invías, al interventor y al señor contratista, que nos digamos la verdad, porque cada que hablamos del Túnel de La Línea, en cualquier escenario es un tema de interés nacional  y es un tema donde nos reclaman a nosotros que demos una respuesta de cuándo se va poder terminar la obra”, puntualizó. 

 

Aclaró que, a criterio de la veeduría, el plazo solicitado por el contratista de tres meses de ampliación para la finalización del contrato (es decir hasta febrero de 2017) no es real, por cuanto concluir la obra implica terminarla completamente, es decir, en el caso de los túneles es revestirlos, colocar los pavimentos y dejar el túnel listo realmente para que el contratista de los equipos electromecánicos pueda iniciar. 

 

Se refirió igualmente  a los avances encontrados en los tres módulos que conforman el proyecto, aclarando que tras la visita al túnel en términos legales el avance a la fecha  implica que el túnel principal lleva más  o menos 5  kilómetros de revestimiento final y le falta algo así como 3.600 metros de revestimiento, hablándolo en términos de longitud. 

 

Finalmente,  expresó su preocupación  respecto de otra posible prórroga en tiempo al contrato, debido a los costos que  genera para el país no contar con este proyecto terminado y en marcha. 

 

 

A su turno, el interventor del proyecto, Enrique Dávila, respondió al interrogante planteado por la Veeduría Ciudadana, aclarando que el módulo correspondiente al Túnel principal, marca los tiempos de terminación de la obra y el arrastra al módulo dos y tres. 

 

Agregó que la interventoría adelantó un estimativo de los tiempos de terminación de las obras  y se concluyó que  en promedio se necesitan 7.5 meses para terminar lo que son las fallas de obra, lo cual conllevaría terminar el túnel en el mes de abril. 

 

Sin embargo, consideró que las obras estarían finalizadas en el mes de julio de 2017, debido a que se requiere realizar observaciones y pruebas, lo que implicaría un tiempo adicional. 

 

Por su parte, el contratista del proyecto, Carlos Collins, reiteró que sus atrasos en la ejecución de la obra se deben a la falta de recursos, que debía entregarle puntualmente el Invías y agregó que el acuerdo pactado eran pagos mensuales.  

 

Collins realizó igualmente una nueva solicitud de prórroga por tres meses, para la entrega de la obra. 

 

Finalmente, el director del Invías, Carlos García, manifestó que el contrato está vigente  hasta el 30 de noviembre, cuando se espera un avance  cercano al 89%, con lo que quedaría pendiente un poco más del 11%. 

 

García aclaró al contratista  que a la fecha solo se deben $500 millones de pesos, correspondientes a los meses de agosto, septiembre y octubre. 

 

El director del Invías finalizó su intervención afirmando que  hará una revisión de lo expuesto por la interventoría, por las veedurías ciudadanas y por el contratista, para tomar la decisión que mejor le convenga al país.