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El Contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, ordenó revisar los impactos fiscales del Acuerdo 002 de 2020 expedido por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y alertar, si es el caso, sobre la legalidad del otorgamiento de facultades para que particulares y privados ejerzan funciones administrativas propias de esta entidad.
Llaman la atención de la Contraloría General las disposiciones generales del acuerdo, en lo que respecta a la excepción constitucional y legal que permite que particulares ejerzan funciones administrativas sobre recursos públicos.
“Tal como fue proyectado y como se reglamente el desarrollo de estas, posiblemente se podría generar una privatización de los recursos que por su origen tarifario y del servicio que se presta tienen calidad de públicos”, advierte el organismo de control.
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La entidad señaló que, a través de la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, verificará si se da una posible falta de planeación y estructuración del modelo financiero, que puede impactar notoriamente en la prestación del servicio a cargo del ICA y las tarifas para los usuarios y beneficiarios, lo que generaría limitaciones en el acceso a los servicios que desarrollará el tercero particular.
Con este procedimiento, la entidad busca determinar los posibles efectos y riesgos que se producirían con la entrega de funciones administrativas a un particular, algo que, si bien es permitido por la normatividad vigente, implica una excepcionalidad y reglamentación específica.
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“Se podrán analizar los riesgos jurídicos, financieros e impacto de estos ante los beneficiarios y el cumplimiento de los fines del Instituto, respecto al servicios que prestará el tercero particular, la tasa o tarifa a cobrar a los usuarios, la destinación de esta y la garantía de la materialización del modelo financiero para que no afecte el patrimonio del ICA”, concluye la Contraloría.
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