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Un estudio de la Contraloría General de la República concluyó que a pesar de que el Gobierno nacional destina un importante monto para proteger la vida de líderes sociales, las acciones han sido insuficientes para brindar esquemas de protección a personas amenazadas.
De acuerdo al análisis elaborado por la Contraloría Delegada para el Sector de Defensa, Justicia y Seguridad, entre el 2015 y el 2017 el Estado destinó $1.71 billones para la implementación de esquemas de protección.
De ese total el 61 % de los recursos, es decir, más de $978 mil millones, fueron destinados a medidas en pro de personas amenazadas.
Sin embargo, durante dicho periodo se presentaron 24 atentados que produjeron trece muertos y ocho personas heridas, sin contar con los líderes y activistas que no contaron con algún tipo de protección, señaló el organismo de control.
Debido a la falta de protección, hay 105 demandas contra el Estado que ascienden a los $206 mil 463 millones, derivadas de posible omisión estatal en la protección de la vida e integridad de los amenazados.
Además se impusieron 403 acciones de tutela, de las cuales 176 fueron falladas a favor de las víctimas que recibieron $19 mil 164 millones, que representan 2 % del total de los recursos de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
“Los atentados contra líderes y activistas sociales no solo truncan sus vidas sino que afectan de manera grave los intereses patrimoniales del Estado”, manifestó la Contraloría.
Para la protección de miembros de la desmovilizada guerrilla de las Farc, el Gobierno ha destinado más de $4 mil millones, es decir, que mensualmente se giran $39 millones para los esquemas de seguridad.
Según el ente de control, es necesario que en los próximos años la Nación aumente los recursos para la protección de líderes sociales.
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