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La Contraloría General de la República denunció que pese al fallo de la Corte Constitucional que ordenó suspender las actividades mineras en el paramo de Santurban, Santander, estas continúan en esta región protegida.
De estas superficies, el 60,45% corresponde a áreas que se encuentran totalmente desprotegidas, por cuanto no cuentan con ningún instrumento de protección ambiental dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Descubrió además hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria para Corponor, en el primer caso, y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), la Corporación Regional del Alto Magdalena –CAM y Corpoamazonía, en el segundo.
Según la Contraloría, "Corponor no tomó acciones administrativas efectivas para acatar la decisión proferida por la Corte Constitucional, en lo que respecta al ecosistema conocido como páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín".
Reveló que en el caso del ecosistema páramo de Miraflores, "la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonia) y la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), no han iniciado las acciones dirigidas a impedir la continuidad de actividades de explotación de hidrocarburos en el bloque VSM-32 del contrato suscrito entre la ANH y la empresa Emerald Energy PLC Sucursal Colombia".
Así mismo, afirmó que las Corporaciones Autónomas Regionales, en su gran mayoría, "no elaboraron los estudios sobre el estado actual de los páramos ni los respectivos planes de manejo ambiental".
Sostuvo que el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido permisivo frente a este incumplimiento, motivo por el cual se le atribuyó también un hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria.
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