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Así lo evidencian las evaluaciones realizadas por el organismo de control, "a la gestión de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), con corte al primer semestre de 2016, y que muestra un balance desalentador, encontrando que esta situación ha llegado, en algunos casos, a favorecer a grandes empresas depositarias de propiedades confiscadas".
El reporte de la Contraloría señala que "es el caso de un contrato de arrendamiento de 2013, en el que la Dirección Nacional de Estupefacientes, entregó a la empresa cementera Cemex, por apenas un millón de pesos mensual, el goce de un predio incautado de 422 hectáreas que cuenta con infraestructura de exploración y explotación minera, así como los derechos de explotación de un título minero".
De esta forma, consideró la Contraloría, se menoscabaron los intereses del Fondo de Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado (Frisco) administrado por SAE, en el evento en que se deba indemnizar los casos de fallos judiciales que ordenen restitución de bienes incautados.
"Otro de los casos donde se evidencia las consecuencias de la falta de información de la entidad, se detectó en el manejo de divisas en efectivo, pues conforme a las pruebas realizadas por la Contraloría, no se llevan de manera adecuada los registros de constitución de depósitos de las sumas incautadas, de manera tal que algunos de ellos figuran por sumas inferiores a las que en efecto custodia el Banco de la República", reveló el organismo de control.
La auditoría encontró que en uno de los casos, figuran en libros divisas por US$8.2 millones, cuando en efecto el emisor reporta tener depositados US$8.5 millones.
A la fecha esta entidad tiene a su cargo 90 mil bienes incautados a la mafia, 7.000 de ellos están invadidos por particulares.
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