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La Contraloría General de la República consideró que la posibilidad de que la firma española Gas Natural Fenosa vuelva a tomar las riendas de Electricaribe, plantea unos riesgos muy grandes para los intereses del Estado colombiano.
Según el organismo de vigilancia, dicho riesgo se da particularmente "porque no hay claridad si es posible y como se haría (si lo es) el reintegro de la cuantiosa cantidad de recursos públicos con que se ha respaldo el proceso de intervención".
Para la Contraloría "es necesario conocer las acciones que se están empleando para evitar que se hagan efectivas las garantías que ha otorgado la Nación para las compras de energía de Electricaribe y, en caso extremo de que esto ocurra, verificar cómo se va a garantizar la devolución de estos recursos".
El organismo dijo las garantías otorgadas por la Nación ascienden a $135 mil millones. Y se cuenta adicionalmente con un crédito de $320 mil millones para el mismo fin, que sería utilizado a medida que la operación de la empresa lo requiera.
Dicho crédito fue aprobado por el Consejo de Ministros en noviembre de 2017 y cuenta con la garantía de la Nación. Para la Contraloría, los compromisos adquiridos por el Estado colombiano como responsable de última instancia de la prestación del servicio de energía eléctrica en la Región Caribe, son muy altos.
"Los valores comprometidos no tienen antecedentes en ningún proceso de intervención y dado que la empresa no tiene indicadores financieros que aseguren que el dinero sea revertido, se corre un riesgo considerable de que no se logre la debida recuperación de los recursos invertidos", manifestó el contralor general de la República, Edgardo Maya Villazón.
Por ejemplo, según cálculos de la Contraloría, el Ebitda (beneficio bruto de explotación calculado antes de la deducibilidad de los gastos financieros), podría estar por debajo de los $50.000 millones, cifra que es inferior a la cantidad de recursos que la Nación ha puesto a disposición de la intervención.
Indicadores, a la baja
Según alertó la Contraloría, pese a que con la intervención todas las obligaciones de pago de Electricaribe (diferentes de las de compra de energía) están suspendidas, sus indicadores de calidad, en prestación del servicio y pérdidas de energía, no muestran mejoría.
"En cuanto al déficit de caja estimado para 2017, puede llegar a ser de $294 mil millones, esto en el caso de que hubiera hecho inversiones por $264 mil millones. Sin embargo, la Contraloría evidenció inversiones por solo $106 mil millones", señaló el organismo.
Por otro lado, la Contraloría llamó la atención para que el pasivo pensional a cargo de la empresa (alrededor de $1 billón de pesos) no vaya a quedar nuevamente bajo la responsabilidad del Estado, con todos los efectos fiscales que esto implicaría.
El organismo hizo alusión también a la modificación de precios de los bienes y servicios suministrados para 39 de los 70 contratos integrales que había suscrito Electricaribe en 2016. La intervención hizo este cambio sin una directriz o una norma previa clara, consideró el órgano de control.
La Contraloría expresó preocupación ante el hecho de que no se le haya entregado información relevante para su ejercicio auditor, en lo relacionado con la revisión del contrato suscrito entre Electricaribe y la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) por un valor de $6.000 millones, para apoyar a la empresa en la estructuración e implementación de la solución que resulte más adecuada para lograr la continuidad del servicio público.
"No tiene explicación alguna que no se entregue dicha información, sustentando dicha negativa en la existencia de una cláusula de confidencialidad. Por declaraciones de funcionarios involucrados, aparecidas en varios medios de comunicación, se ha conocido que el primer informe de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) es insuficiente y no ofrece elementos para la toma de decisiones en este tema", apuntó.
